Carta de luz ibarra

por | junio 30, 2021
Carta de luz ibarra

Raphael con todo y mi tristeza (juan gabriel), en directo

La Oficina del Presidente de la Corte Suprema (OCJ) recibió el 5 de septiembre de 2007 una carta-denuncia no verificada1 con fecha del 26 de agosto de 2007 escrita por “Ciudadanos Preocupados” y dirigida al Presidente de la Corte Suprema Reynato S. Puno.
En esa carta-denuncia del 26 de agosto de 2007, los “Ciudadanos Preocupados” informaban de que el 6 de agosto de 2007 presentaron ante el Tribunal, “a través” de la Oficina del Presidente del Tribunal Supremo, una denuncia para que se inhabilitara o se adoptara una medida disciplinaria contra la antigua Consejera Corporativa del Gobierno (GCC), la actual Procuradora General Agnes Vst. Devanadera, junto con el actual GCC Alberto C. Agra y otros abogados de la Oficina del Asesor Corporativo del Gobierno (OGCC), por “participar directa o indirectamente en actividades políticas partidistas” durante las elecciones nacionales y locales del 14 de mayo de 2007, y por violar la Ley de lucha contra el fraude y las prácticas corruptas”. A la carta-denuncia del 26 de agosto de 2007 se adjuntó una copia de la denuncia de los “Ciudadanos Preocupados” presentada el 6 de agosto de 2007, con anexos.
Los “Ciudadanos Preocupados” informaron además en la carta del 26 de agosto de 2007 que también habían presentado el 6 de agosto de 2007 una queja2 ante la Oficina del Defensor del Pueblo contra el ahora Procurador General Devanadera y los Att. Faller y Varela y que estaban “presentando [las siguientes] quejas sobre la base de los mismos hechos e incidentes [que] presentaron contra los tres (3) abogados mencionados en la Defensoría del Pueblo” por:

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Te escribo para plantear mi profunda preocupación por los informes sobre el aumento de la violencia y la actividad paramilitar que está poniendo en peligro a los defensores de los derechos humanos. Durante las visitas a Colombia de la Caravana Internacional de Juristas en 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016 hemos pedido al gobierno colombiano que proteja la capacidad de los abogados y otros defensores de los derechos humanos para representar a sus clientes, y que el Estado se abstenga de cualquier interferencia en su trabajo, con el fin de cumplir con el derecho colombiano e internacional.
Durante su último viaje a Colombia, la Caravana Internacional de Juristas recibió informes sobre la continua actividad de los grupos neoparamilitares en toda Colombia y se mostró seriamente preocupada al escuchar que, entre 2015 y 2016, se registraron más de 100 asesinatos de defensores de los derechos humanos, muchos de ellos presuntamente perpetrados por estos grupos paramilitares. Los delegados observaron una falta sistemática de investigaciones, en particular, sobre los episodios de amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos por parte de estos grupos paramilitares[1] Si bien acogimos con satisfacción los progresos realizados por las autoridades colombianas en relación con la investigación de los asesinatos de defensores de los derechos humanos, también nos preocupó que muchas investigaciones solo hubieran alcanzado una fase preliminar[2].

La pequeña llama

Exhortamos a los Estados de la región y a los miembros de la comunidad internacional, a redoblar sus esfuerzos y trabajar en conjunto ante el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de venezolanos, actualmente repartidos en varios países de las Américas. Junto con el grupo de trabajo que se solidariza con nuestros hermanos de Venezuela, queremos subrayar la importancia de generar una respuesta regional coordinada, basada en una mayor protección y prevención de la violación de los derechos de los migrantes, algunos de los cuales pueden necesitar protección internacional.
La crisis que enfrenta actualmente la región no tiene parangón en la historia de nuestro continente debido a la cantidad de personas que salen del país y a la relativa velocidad a la que se produce este desplazamiento. En consecuencia, todos los actores y partes interesadas comparten la misma responsabilidad en el fortalecimiento, la mejora y el desarrollo de nuevos mecanismos internos que aborden colectivamente este aumento de la movilidad humana.

Benny – cielo (video oficial)

El pasado mes de diciembre, la noticia sacudió los 40 Acres de que las autoridades federales acusaron a un grupo de antiguos estudiantes de la UT, así como a un estudiante actual, por su papel en una red de tráfico de drogas falsificadas. Mientras que la profundidad y la amplitud de estas detenciones nos golpean a todos de diferentes maneras, esta historia impacta y nos involucra a todos y cada uno de nosotros. Ya sea que vivamos en el West Campus o en Riverside, que seamos de Texas, de la costa este u oeste, o incluso del extranjero; ya sea que usemos drogas de manera recreativa o no, todos somos parte de esta comunidad y cultura, y esta carta es nuestro audaz llamado a la acción para tener un diálogo diferente cuando se trata de drogas, alcohol y la experiencia estudiantil en la UT.
Al ver cómo se desarrolla esta historia, nos sorprende lo que revela sobre nosotros, todos nosotros, y nuestra responsabilidad de reconocer que el mal uso de los medicamentos recetados es una parte activa, y normalizada, de la vida de muchos estudiantes. Sabemos que este tipo de uso indebido y tráfico de drogas no se limita a determinadas zonas, poblaciones o círculos. En realidad, las presiones, tentaciones y luchas del consumo de sustancias afectan a nuestra comunidad y, a su vez, a todos y cada uno de nosotros. En SHIFT, nuestro objetivo es pensar de forma más inclusiva sobre lo que significa ser un estudiante universitario en la UT y sobre el papel que el alcohol y las drogas juegan en nuestra vida cotidiana.