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Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Estudio Cardenas Cassagne y Asociados, Estudio Cardenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero, Abogados, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., Suez Environment, Estudio Cassagne, Abogados
Procurador del Tesoro/Procuración del Tesoro (Argentina), Comisión de Estudio de Arbitrajes Internacionales de la Provincia de Santa Fe (Argentina), Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la Provincia de Santa Fe (Argentina), Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba (Argentina)
El 17 de abril de 2003, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI” o “el Centro”) recibió una Solicitud de Arbitraje (“la Solicitud”) contra la República Argentina (“la Demandada” o “Argentina”) de Aguas Provinciales de Santa Fe S. A. (“APSF”), Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. (“AGBAR”) e InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. (“InterAguas” en conjunto, “las Demandantes”). APSF es una empresa constituida en Argentina. Suez, constituida en Francia, y AGBAR e InterAguas, ambas constituidas en España, eran accionistas principales de APSF. La Solicitud se refería a las inversiones de las Demandantes en una concesión para la distribución de agua y el tratamiento de aguas residuales en la provincia argentina de Santa Fe y a una serie de supuestos actos y omisiones de Argentina, entre ellos la supuesta omisión o negativa de Argentina a aplicar los ajustes previamente acordados a los mecanismos de cálculo y ajuste de tarifas. 1

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Este artículo ha sido escrito en 2007 con actualizaciones parciales desde entonces, incluyendo la más reciente relativa al acceso en 2012. Por favor, siéntase libre de actualizarlo más. El artículo en español incluye información más actualizada.
El suministro de agua potable y el saneamiento en Ecuador se caracterizan por una serie de logros y desafíos. Un logro clave es el aumento significativo tanto del acceso a una fuente de agua al menos básica (90% en 2000 a 100% en 2015 en zonas urbanas) [1] como del saneamiento al menos básico (82% en 2000 a 89% en 2015 en zonas urbanas). La empresa pública EMAAP-Q, que presta servicio en la capital, Quito, y la concesionaria privada Interagua, en la ciudad más grande del país, Guayaquil, lograron aumentos significativos de la cobertura en las zonas urbanas. Sin embargo, los municipios dependen mayoritariamente de la inversión del gobierno central, en lugar de recuperar los costes a nivel local. Otro problema es la intermitencia del suministro de agua, que afecta a la mitad de las zonas urbanas. Además, sólo se trata el 8% de las aguas residuales recogidas. El nivel de agua no facturada se estima en un 65%, uno de los más altos de América Latina. Abordar estos retos se complica por la atomización del sector: Una multitud de actores – el Ministerio de Vivienda, el Fondo de Inversión Social de Emergencia, el Fondo de Solidaridad, el Banco del Estado, las ONG, los municipios y otros – intervienen en el sector. A pesar de la existencia de un Comité Interinstitucional para el Agua y el Saneamiento, sigue habiendo margen para mejorar la coordinación.

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Cross, Ciaran y Schliemann-Radbruch, Christian. “Cuando el arbitraje de inversiones limita el espacio normativo nacional: Consistent Solutions through Amicus Curiae Submissions by Regional Organisations” The Law and Development Review, vol. 6, nº 2, 2013, pp. S67-110. https://doi.org/10.1515/ldr-2013-0021
Cross, C. & Schliemann-Radbruch, C. (2013). Cuando el arbitraje de inversiones frena el espacio normativo nacional: Soluciones consistentes a través de las presentaciones de Amicus Curiae de las organizaciones regionales. The Law and Development Review, 6(2), S67-110. https://doi.org/10.1515/ldr-2013-0021
Cross, C. y Schliemann-Radbruch, C. (2013) When Investment Arbitration Curbs Domestic Regulatory Space: Soluciones coherentes a través de las presentaciones de Amicus Curiae de las organizaciones regionales. The Law and Development Review, Vol. 6 (Issue 2), pp. S67-110. https://doi.org/10.1515/ldr-2013-0021
Cross, Ciaran y Schliemann-Radbruch, Christian. “When Investment Arbitration Curbs Domestic Regulatory Space: Consistent Solutions through Amicus Curiae Submissions by Regional Organisations” The Law and Development Review 6, no. 2 (2013): S67-110. https://doi.org/10.1515/ldr-2013-0021

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2 Esta advertencia es a veces omitida por los tribunales, que extrapolan la norma de derecho interno (y su caracterización como “defensa afirmativa” bajo el derecho interno pertinente, con sus implicaciones) al nivel del derecho internacional, como si las dos normas fueran una y la misma. Véase, por ejemplo, Pope & Talbot c. Canadá – Laudo provisional, párr. 11 (en el que se caracteriza el argumento del demandado de que una reclamación ha prescrito en virtud del plazo de prescripción del artículo 1116(2) como un argumento “de la naturaleza de una defensa afirmativa” y en el que se hace recaer la carga de la prueba en el demandado, mientras que corresponde al demandante demostrar que la reclamación es oportuna). Sin embargo, puede haber diferencias importantes en el funcionamiento de dichas normas. Un ejemplo lo proporcionan las doctrinas de la “prescripción extintiva” o de las “manos limpias”, cuya extrapolación al plano internacional presenta varios problemas que se analizan más adelante en este estudio.

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