Función judicial de pichincha

Función judicial de pichincha

Función judicial de pichincha

Código civil del ecuador

Tras las expresiones vertidas por la fiscal Diana Salazar sobre los casos de Carlos Luis Morales y Abdalá Bucaram, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ), las rechaza por desprestigiar a los magistrados y generar confusión en la ciudadanía.
En un comunicado se aclara que en un proceso penal de acuerdo a los artículos 520 y 529 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), si se considera necesario y se tiene mérito para ello, es el fiscal quien acusa y motiva la solicitud de medidas cautelares como la prisión preventiva, sin que pueda ser realizada de oficio por el juez.
Los jueces señalan que las decisiones judiciales deben ser respetadas por las partes procesales y aconseja a la Fiscalía que recuerde este punto porque emite “un mensaje de desprestigio a la función judicial”.
En este contexto, la EEAJ también rechaza cualquier intento de dirigir las sentencias y recuerda que los jueces sólo cumplen con lo que dice la Constitución y la ley, para garantizar el sistema procesal y los derechos de los ciudadanos.

Leyes extrañas en ecuador

Durante el gobierno de Rafael Correa, las medidas de presión contra los medios de comunicación tomaron diferentes formas. Más allá de la aprobación de la Ley de Comunicación, conocida como ‘ley mordaza’, y del escarnio público a periódicos y periodistas durante las cadenas nacionales, conocidas como ‘sabatinas’, la justicia también se encargó de restringir el derecho a la libertad de expresión. En 2012, el Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha -y sucesivamente la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha- concedió una acción de protección a favor de la administración pública, en particular de la Función Ejecutiva y del Gobierno Nacional, en contra del diario La Hora y la Editorial Minotauro SA La Corte Constitucional del Ecuador, en apego a los estándares internacionales, el 4 de septiembre de 2019 revocó esta sentencia, marcando un paso importante hacia la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión en el Ecuador .
La acción de protección presentada por el Óscar Alejandro Pico Solórzano alegaba una supuesta violación de los derechos constitucionales del Estado por una nota publicada por el diario relacionada con los gastos en publicidad oficial realizados por el Gobierno. Según el texto, que se basaba en datos de la Corporación de Participación Ciudadana, el Gobierno habría gastado 71 millones en propaganda. Pico pidió una rectificación al considerar que los datos presentados estaban inflados en un 736,37%. A pesar de que el periódico publicó la respuesta, Pico interpuso una acción de protección contra el medio.

Leyes y derechos de ecuador

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La política de Ecuador es multipartidista[1] El sistema de gobierno central es una democracia representativa unicameral y presidencialista elegida cada cuatro años. El Presidente de Ecuador es jefe de Estado y jefe del ejército en un sistema multipartidista, y dirige un gabinete con más poder ejecutivo. El poder legislativo no se limita a la Asamblea Nacional, ya que puede ser ejercido en menor medida por el ejecutivo, que consiste en que el Presidente convoque a un gabinete ejecutivo designado. Las leyes posteriores de la Asamblea Nacional son supremas sobre las órdenes ejecutivas cuando los legisladores han emitido suficientes votos. El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Ecuador también se considera una república constitucional[2].

Derecho civil de ecuador

Los tribunales federales conocen de casos relacionados con la constitucionalidad de una ley, casos relacionados con las leyes y tratados de los embajadores y ministros públicos de Estados Unidos, disputas entre dos o más estados, derecho de almirantazgo, también conocido como derecho marítimo, y casos de quiebra.
El poder judicial federal funciona por separado de los poderes ejecutivo y legislativo, pero a menudo colabora con ellos tal y como exige la Constitución. Las leyes federales son aprobadas por el Congreso y firmadas por el Presidente. El poder judicial decide la constitucionalidad de las leyes federales y resuelve otras disputas sobre las leyes federales. Sin embargo, los jueces dependen del poder ejecutivo de nuestro gobierno para hacer cumplir las decisiones judiciales.
Los tribunales deciden lo que realmente sucedió y lo que debe hacerse al respecto. Deciden si una persona ha cometido un delito y cuál debe ser el castigo. También proporcionan una forma pacífica de decidir las disputas privadas que la gente no puede resolver por sí misma. Dependiendo del conflicto o del delito, algunos casos acaban en los tribunales federales y otros en los estatales. Conozca más sobre los diferentes tipos de tribunales federales.

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