Ley de drogas ecuador

Ley de drogas ecuador

Ecuador narcotráfico 2019

Analia Silva, una mujer afroecuatoriana de casi 40 años, cuenta que conseguir un trabajo en Ecuador le resultaba realmente difícil porque no sabía leer ni escribir, y se enfrentaba continuamente a la discriminación racial y por edad. Sin trabajo, desesperada y siendo la única proveedora de sus dos hijos, empezó a vender pequeñas cantidades de droga para llegar a fin de mes. La atraparon a los pocos meses y la condenaron a 8 años de prisión. Su condena fue desproporcionada para el delito que cometió, pero podría haber sido peor. En Ecuador, un delincuente de drogas no violento puede recibir la misma condena que un asesino, a veces incluso más.
“Cuando me condenaron, y es lo mismo para todas las mujeres que condenan, no sólo condenan a la persona que cometió el delito, también condenan a su familia, también condenan a sus hijos. Ellos [las autoridades] no se dan cuenta de que quieren acabar con la delincuencia, pero son ellos los que la promueven, porque si ellos [los niños] se quedan solos… ¿qué pueden hacer? Ir a robar… mi hija se convertiría en prostituta, mi hijo en drogadicto, traficaría con drogas, vendería drogas”.

Crimen insight

El problema, según el informe de Expreso, puede provenir de un cambio reciente en la principal ley antidrogas del país, un cambio que fue parte de las reformas a gran escala del Código Orgánico Integral Penal (COIP) aprobado por los legisladores en diciembre de 2019, pero que no entró en vigor hasta junio de 2020.
Bajo el código penal revisado, que buscaba ayudar a los esfuerzos de Ecuador para despenalizar el consumo de drogas a pequeña escala, los fiscales deben pasar el difícil listón de probar que una persona aprehendida con drogas tenía la intención de comercializarlas.
El lenguaje de la nueva ley antitráfico de Ecuador se desvía del empleado en toda la región, y podría limitar la capacidad de los fiscales para condenar a los traficantes a gran escala, socavando los esfuerzos antidroga en un centro clave para el tránsito internacional.
Antes, la principal ley antidroga del país -el artículo 220 del COIP- era similar a la de Colombia. La ley colombiana dicta que quien “introduzca, transporte, porte, almacene, conserve, fabrique, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre” sustancias ilícitas está sujeto a un proceso penal. Esta norma es una red muy amplia para los fiscales.

Despenalización de las drogas en ecuador

Las leyes de drogas de Ecuador han sufrido muchos cambios a lo largo de los años. En 1970 se introdujo la “Ley de Control e Intervención del Tráfico de Estupefacientes”, que hacía hincapié en que el consumo de drogas era un problema de salud pública, no un delito.
La “Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, más conocida como Ley 108, entró en vigor en 1991. Establecía el mismo castigo tanto para el consumo personal como para el tráfico a gran escala. Es decir, un mínimo de 10 años de cárcel (cambiado a 12 años en 2003).
Una persona con unos pocos gramos de hierba podría cumplir los mismos 12 años de prisión que alguien acusado de vender drogas más duras. Como consecuencia, las cárceles se vieron desbordadas y las leyes volvieron a cambiar.
En 2013, se introdujo una ley para despenalizar efectivamente la posesión y el consumo personal de cannabis.  Una persona podía poseer hasta 10 gramos de hierba y no enfrentarse a un proceso penal. Esto es así siempre que se considere que es para uso personal únicamente, y que no haya menores involucrados.

Tráfico de drogas en ecuador

En 2001, Portugal empezó a considerar el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de drogas como un problema de salud pública[9]. En lugar de encarcelar a los poseedores, éstos son remitidos a un programa de tratamiento por un panel regional compuesto por trabajadores sociales, profesionales médicos y expertos en drogas. [Esto también disminuye la cantidad de dinero que el gobierno gasta en la lucha contra las drogas y en mantener a los consumidores de drogas encarcelados. Las tasas de infección por VIH también han descendido de 104,2 nuevos casos por millón en 2000 a 4,2 casos por millón en 2015. “Como señala el OEDT, en toda Europa en las últimas décadas se ha producido un movimiento hacia “un enfoque que distingue entre el traficante de drogas, que es visto como un delincuente, y el consumidor de drogas, que es visto más como una persona enferma que necesita tratamiento” (OEDT 2008, 22).6 Varios países de América Latina se han movido de manera similar para reducir las penas asociadas con el uso de drogas y la posesión personal” (Laqueur, 2015, p. 748).
Portugal es el primer país que ha despenalizado la posesión de pequeñas cantidades de drogas, con resultados positivos[10].

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