Superintendencia de poder de mercado

Superintendencia de poder de mercado

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La concentración empresarial es una situación en la que dos o más empresas se unen con el objetivo de ampliar su capacidad y poder de mercado para finalmente tener un beneficio común, siendo muchas veces el consumidor el más afectado.
El artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la política económica, entre los que se encuentran: asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional; fomentar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; y, mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo.
El artículo 304 número 6 de la Carta Magna establece que la política comercial tendrá por objeto evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.

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Más allá de su labor de consultoría, Sylva ha tenido una larga trayectoria en el servicio público. En 1998 se desempeñó como asesor en Derecho Constitucional y Administrativo de la Presidencia de la República. Posteriormente, en 2003, fue asesor judicial en el despacho del ministro del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. En 2007 ocupó un cargo de asesor en la Vicepresidencia de la República, y en 2011 fue consultor del mismo despacho como parte del equipo negociador de la iniciativa Yasuní-ITT.
En el ámbito del Derecho de la Competencia en Ecuador, Sylva impulsó la creación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En 2012 asumió el cargo de Presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia dentro de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM). Cinco años después regresó al organismo, convirtiéndose en el Intendente de Abuso de Poder de Mercado y Prácticas Restrictivas, cargo que ocupó durante 6 meses.

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(i) Regula el proceso de reuniones que preceden a la presentación obligatoria de la autorización antimonopolio de las operaciones de concentración económica, determinando que las reuniones serán grabadas y no eximen al solicitante de presentar la notificación dentro de los 8 días naturales siguientes a la celebración del acuerdo que da lugar a la operación de concentración económica.
(ii) Establece los tiempos específicos para el análisis por parte de la Intendencia Nacional de Control de Concentraciones Económicas (en la etapa de investigación) y en la Junta de Resolución (en la etapa de resolución), tanto en los procesos de la Fase 1 (resolución dentro de los 25 días hábiles siguientes a la declaración de completitud de la presentación) o de la Fase 2 (resolución dentro de los 60 días hábiles siguientes a la declaración de completitud de la presentación).
(iii) Determina los criterios a considerar por la Intendencia Nacional de Control de Concentraciones Económicas para evaluar la inocuidad de una operación de concentración económica y en base a ello, la determinación de una resolución en Fase 1 o Fase 2.

Asuntos de actualidad | el hindú |15 de febrero | upsc, rrb

La Subdirección de Protección de la Competencia es un segmento de la Superintendencia de Industria y Comercio, que busca la eficiencia de los mercados, la libre competencia de los agentes de la economía y el bienestar general de los consumidores.
Esta área, se encarga de realizar investigaciones administrativas cuando se sospecha la presencia de prácticas restrictivas y promueve la competencia entre los agentes del mercado mediante el desarrollo de estudios económicos y funciones de defensa de la competencia.
La Subgerencia cuenta con un personal altamente calificado que se capacita constantemente y se caracteriza por su compromiso con el país y por su intención de contribuir al desarrollo económico y social nacional.
La Subdirección también se encarga de realizar el análisis de las fusiones y otras operaciones comerciales entre empresas. Esto último con el fin de evitar que, como resultado de estas operaciones, se produzcan restricciones indebidas a la competencia que puedan dar lugar a concentraciones de poder económico que desequilibren la correcta competencia y creen distorsiones que conduzcan a la coordinación del comportamiento empresarial o fortalezcan una posición dominante.

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