Tribunal de garantias penales

por | agosto 6, 2021
Tribunal de garantias penales

Derechos de un acusado en victoria

Australia es parte de siete tratados internacionales fundamentales de derechos humanos. Las garantías mínimas en los procesos penales figuran en los apartados 3, 5, 6 y 7 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo 14 también consagra el derecho a un juicio justo y a una audiencia imparcial y el derecho a la presunción de inocencia. Para más información sobre estos derechos, véanse las Hojas de Orientación sobre los derechos a un juicio justo y a una audiencia justa y sobre la presunción de inocencia.
La finalidad de este derecho es permitir al acusado preparar adecuadamente su defensa y ponerlo en igualdad de condiciones con la acusación. Lo que constituya un tiempo adecuado dependerá de las circunstancias de cada caso, incluida la complejidad del mismo y el acceso del acusado a los testigos y las pruebas. La referencia a las facilidades significa que el acusado debe tener acceso a los documentos y otras pruebas necesarias para la preparación de su defensa. El acusado debe tener la oportunidad de estar representado por un abogado y de comunicarse con él de forma ilimitada en condiciones que permitan la confidencialidad.

Significado de las garantías judiciales

El derecho a la igualdad ante los tribunales y a un juicio justo es un elemento clave de la protección de los derechos humanos y sirve como medio procesal para salvaguardar el Estado de Derecho. El artículo 14 del Pacto tiene como objetivo asegurar la correcta administración de justicia, y para ello garantiza una serie de derechos específicos.
El artículo 14 es de una naturaleza particularmente compleja, combinando varias garantías con diferentes ámbitos de aplicación. La primera frase del apartado 1 establece una garantía general de igualdad ante los juzgados y tribunales que se aplica independientemente de la naturaleza del procedimiento ante dichos órganos. La segunda frase del mismo apartado da derecho a las personas a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, si se enfrentan a alguna acusación penal o si se determinan sus derechos y obligaciones en un procedimiento judicial. En estos procedimientos, los medios de comunicación y el público sólo podrán ser excluidos de la audiencia en los casos especificados en la tercera frase del apartado 1. Los apartados 2 a 5 del artículo contienen las garantías procesales de que disponen las personas acusadas de un delito penal. El apartado 6 asegura un derecho sustantivo a la indemnización en caso de error judicial en los casos penales. El párrafo 7 prohíbe la doble incriminación y, por lo tanto, garantiza una libertad sustantiva, a saber, el derecho a no ser juzgado o castigado de nuevo por un delito por el que una persona ya ha sido condenada o absuelta por sentencia firme. Los Estados Partes del Pacto, en sus informes, deben distinguir claramente entre estos diferentes aspectos del derecho a un juicio justo.

Proceso penal en australia

Afiliación: Becario de doctorado de la Fundación de Investigación – Flandes (FWO) (beca de investigación fundamental, beca nº 11G152ON) en la KU Leuven (Bélgica); [email protected] Este artículo se basa en parte en un proyecto de artículo presentado en la 14ª Conferencia Anual Minerva/ICRC sobre Derecho Internacional Humanitario sobre “Justicia militar y conflictos armados: Viejos problemas, nuevos desafíos’ en la Universidad Hebrea de Jerusalén, del 11 al 13 de noviembre de 2019. El autor agradece a los participantes en la Conferencia Minerva y al (los) revisor(es) anónimo(s) de la Israel Law Review por sus perspicaces comentarios. Muchas gracias a mi supervisor de doctorado, el profesor Michele Panzavolta, por encontrar siempre tiempo para leer mis borradores y hacerme comentarios constructivos. Gracias también a Fabiana Maraffa y Ashlee Beazley por su apoyo y por haber revisado los primeros borradores de este trabajo.
En julio de 2020, la Corte Penal Internacional abrió el juicio del caso Al Hassan. Por primera vez en la historia de la justicia penal internacional se juzga a un acusado con el cargo de crimen de guerra de condena o ejecución sin las debidas garantías procesales en el contexto de un conflicto armado no internacional. Junto con su equivalente en los conflictos armados internacionales -el crimen de guerra de denegación de juicio justo-, este delito se incluye en la categoría de los crímenes de guerra de denegación de garantías judiciales. Aunque existen diferencias en sus elementos constitutivos, ambos delitos prohíben a los Estados y a los actores armados no estatales privar a los prisioneros de guerra y a los civiles de ciertas garantías judiciales mínimas. Sin embargo, las disposiciones que regulan estos dos delitos presentan cuestiones interpretativas y prácticas que, hasta ahora, no han recibido suficiente consideración. En particular, los elementos materiales de los delitos plantean una serie de dudas interpretativas y son de aplicación engorrosa. Los objetivos del artículo son (i) identificar las cuestiones que plantean los elementos materiales de los crímenes de guerra de denegación de garantías judiciales, (ii) advertir de los escollos que esconde la interpretación de los delitos, y (iii) desencadenar el debate sobre las cuestiones que plantean los delitos.

Derechos del acusado victoria

Adoptada por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y refrendada por las resoluciones de la Asamblea General 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985
Considerando que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos del mundo afirman, entre otras cosas, su determinación de establecer condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia para lograr la cooperación internacional en la promoción y el fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra, en particular, los principios de igualdad ante la ley, de presunción de inocencia y del derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley,
Considerando que los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos garantizan el ejercicio de estos derechos y, además, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos garantiza además el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas,