Funcion judicial de el oro consulta de causas

por | junio 30, 2021
Funcion judicial de el oro consulta de causas

Proyecto de ley de revisión judicial

116. Según el nuevo Código de Procedimiento Civil búlgaro, las sentencias de apelación sólo pueden ser impugnadas mediante un recurso de casación por tres razones: si no se ajustan a la jurisprudencia del Tribunal de Casación, si entran en conflicto con las sentencias de los tribunales de primera instancia y de apelación en lo que respecta a la determinación de los hechos y si plantean cuestiones importantes para el desarrollo de la jurisprudencia o la correcta interpretación de la ley. En Alemania existen criterios similares, no sólo en lo que respecta a la solicitud de “revisión” (§ 543 al. 2 ZPO), sino también en lo que respecta al recurso de casación (§ 522 al. 2 cap. 2 y 3 ZPO). El procedimiento de apelación no está sujeto a ninguna autorización, pero el tribunal de apelación tiene, sin embargo, la facultad de poner fin al procedimiento antes de una audiencia si el recurso no es necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o si el caso no tiene ninguna importancia fundamental.
117. En Grecia, el recurso ordinario o de casación en los procedimientos administrativos sólo se admite ahora si la sentencia es contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado o de otro tribunal superior o en ausencia de jurisprudencia pertinente del Consejo de Estado o de otro tribunal superior.

Cambios en la revisión judicial

Importantes áreas del derecho mercantil, en su relación con el sistema judicial, se están digitalizando en muchos lugares simultáneamente, aunque todavía no se pueda discernir una estrategia global de digitalización. Este es también el caso del derecho de reestructuración con sus numerosos ángulos de derecho corporativo, fiscal y de insolvencia que tratan con activos sustanciales. El derecho de reestructuración se ha convertido en un importante factor económico (véase Paulus, ZIP, 2017, 910), ya que en las operaciones de derecho mercantil es muy importante la rapidez con la que es posible una solución de reestructuración judicial, extrajudicial o prejudicial en caso de crisis. Si este ámbito del derecho se transforma ahora también por la digitalización, esto tendrá un impacto fundamental en el derecho mercantil general en la práctica. Por lo tanto, a continuación se expondrá la evolución del derecho de reestructuración e insolvencia hacia la justicia electrónica.
La situación digital del derecho de reestructuración alemán presenta hasta ahora un panorama mixto. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Federal (BGH, decisión de 10.10.2013 – IX ZB 229/11) ha determinado que el “diseño engañoso de la máscara de búsqueda” de la plataforma en línea de casos de insolvencia a nivel nacional “www.insolvenzbekanntmachungen.de” requiere un esfuerzo operativo excesivo y, por lo tanto, no proporciona un acceso fiable y fácil de usar a las publicaciones de los tribunales de insolvencia. Se trata de una afirmación demoledora para un servicio en línea gestionado por el Estado y, sin embargo, la situación sigue sin ser mejorada por el legislador alemán.

Revisión judicial 2021

El artículo 97.1 de la Ley Fundamental garantiza a todos los jueces la independencia en la toma de decisiones judiciales. De acuerdo con el artículo 97.1 de la Ley Fundamental, los jueces están libres de instrucciones; la independencia judicial en la toma de decisiones judiciales está institucionalmente protegida por la garantía de independencia personal de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley Fundamental. Las disposiciones legales sobre la pérdida del cargo judicial en caso de condena y sobre la destitución en el curso de un procedimiento disciplinario formal son compatibles con el artículo 97.2 de la Ley Fundamental porque el cese prematuro de las funciones judiciales resulta de “una decisión judicial” y por los motivos y en la forma previstos por la ley.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 20.3 de la Ley Fundamental, el poder judicial está sujeto a la ley y al estatuto. El juez, que está sujeto a la ley estatutaria, no ve perjudicada su independencia garantizada por la Constitución (artículo 97.1 de la Ley Fundamental) por estar vinculado de esta manera, ya que dicho efecto vinculante se deriva del Estado de Derecho. Tanto la vinculación a la ley como la sujeción a la ley estatutaria configuran y concretan el ejercicio de la potestad jurisdiccional encomendada a los jueces (artículo 92 de la Ley Fundamental). En este contexto, es precisamente la exigencia de que los tribunales sólo basen sus decisiones en la ley y los estatutos lo que la independencia judicial en la toma de decisiones judicial garantizada por el artículo 97.1 de la Ley Fundamental pretende garantizar.

Órdenes de anulación suspendidas

Se trata de una solicitud con arreglo a las disposiciones del artículo 42 de la Constitución de la República de Uganda de 1995, el artículo 98 de la Ley de Procedimiento Civil, los artículos 33, 36 y 38 de la Ley de la Judicatura y las normas 3 (1) (a), 2, 4, 6 y 7 del Reglamento de la Judicatura (Revisión Judicial), S.I. 11 de 2009. El demandante solicita una orden prerrogativa de certiorari para anular las decisiones de su interdicción y el posterior cese de su empleo por parte de la demandada, una orden de prohibición que impida a la demandada impedirle desempeñar sus funciones, una orden judicial permanente que impida a la demandada anunciar su puesto, daños y perjuicios generales y costas.
En la declaración jurada en apoyo de su demanda, el demandante declaró que, en todo momento, se desempeñaba como Secretario Académico de la demandada. El 4 de septiembre de 2015, fue acusado de agredir físicamente al Secretario de la Universidad, lo que dio lugar a la presentación de cargos penales contra él ante el Tribunal de Primera Instancia de Arua. Antes de que el caso pudiera ser juzgado y decidido, el Vicerrector del demandado lo inhabilitó el 9 de septiembre de 2015, inhabilitación que fue ampliada el 7 de octubre de 2015. Sostiene que la reunión del Consejo de la parte demandada en la que se adoptaron las resoluciones no se constituyó adecuadamente y estuvo plagada de múltiples irregularidades de procedimiento, entre ellas la denegación de su derecho a una audiencia justa. Posteriormente, el 29 de febrero de 2016 se le notificó una carta de despido. Mientras tanto, su puesto se anunció como vacante, pero todavía tenía la oportunidad de ser reincorporado, de ahí la solicitud de las órdenes prerrogativas.