Juzgado de pichincha consulta de causas

Juzgado de pichincha consulta de causas

Caso del pueblo saramaka contra surinam 28 de noviembre de 2007

La Corte Constitucional de Ecuador declaró la inconstitucionalidad del Acuerdo 080, emitido por el Ministerio del Ambiente, mediante el cual se delimitaron 104.238 hectáreas del Triángulo de Cuembí, en Sucumbíos, como Bosque y Vegetación Protegida.
La Corte adoptó la decisión al considerar que el Acuerdo violaba los derechos constitucionales de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de la adopción de cualquier medida normativa; a no realizar actividades militares en sus territorios sin su consentimiento; y a la posesión de sus tierras ancestrales.
El Acuerdo Ministerial, firmado en 2010, declaró el Triángulo de Cuembí, en el cantón Putumayo, frontera con Colombia, como Bosque Protector, sin haber realizado previamente un proceso de consulta previa, a pesar de ser un sitio considerado ancestral por las comunidades indígenas Kichwas y Siona.
Esta sentencia declara la inconstitucionalidad del Acuerdo 080 del Ministerio del Ambiente, emitido el 13 de mayo de 2010, con el cual se declararon las 104.238 hectáreas de esta zona como Bosque y Vegetación Protectora, sin el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona y poniendo en grave riesgo su supervivencia por la ruptura de las actividades tradicionales de estas comunidades.

Comunidad indígena yakye axa c. paraguay

Dado que las posiciones de las Partes con respecto a la jurisdicción del Tribunal pueden ser relevantes para comprender plenamente la fase de fondo del procedimiento, el Tribunal reitera en las siguientes secciones su resumen de las cuestiones y argumentos sobre jurisdicción de su Laudo Provisional del 1 de diciembre de 2008 (Laudo Provisional, ¶¶38-42, 75-91).
La primera serie de cuestiones se refiere al efecto preclusivo, en su caso, que las declaraciones o la conducta de las Demandantes antes del inicio del arbitraje deberían tener sobre su capacidad para proseguir con la presente reclamación (véase el Laudo provisional, ¶¶125-149).
La segunda serie de cuestiones se refiere a si las reclamaciones contractuales de las Demandantes en los juicios en los tribunales ecuatorianos califican como una inversión o parte de una inversión en virtud del TBI (véase el Laudo provisional, ¶¶150-195). Alternativamente, la cuestión se refiere a si las reclamaciones surgen de o se relacionan con “acuerdos de inversión” en virtud del TBI (véase el laudo provisional, ¶¶196-213).
La tercera serie de cuestiones se refiere a si las Demandantes deben agotar los recursos locales para cumplir con los requisitos de sus reclamaciones por denegación de justicia y otras violaciones del TBI y, en caso afirmativo, si de hecho han agotado todos los recursos locales requeridos (véase el Laudo provisional, ¶¶214-238).

Caso del pueblo indígena kichwa de sarayaku contra ecuador

Ecuador es una república constitucional multipartidista con un presidente elegido y una legislatura unicameral. En 2017, los votantes eligieron al presidente Lenin Moreno del partido gobernante Alianza PAIS (Patria Orgullosa y Soberana) y eligieron a los miembros de la Asamblea Nacional en unas elecciones que, en general, fueron libres y justas, lo que supuso un exitoso traspaso de poder democrático.
La Policía Nacional se encarga de la seguridad interna y de la aplicación de la ley, y está bajo la autoridad del Ministerio de Gobernación (antes Ministerio del Interior hasta el 1 de agosto). El ejército está bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y es responsable de la seguridad exterior. La policía y el ejército comparten la responsabilidad de la vigilancia de las fronteras. Los funcionarios de inmigración son civiles y dependen del Ministerio de Gobernación. Las autoridades civiles mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.
Entre los problemas de derechos humanos más importantes se encuentran los informes sobre torturas y abusos por parte de agentes de policía y guardias de prisiones; las duras condiciones de las prisiones, que ponen en peligro la vida de los reclusos; la existencia de leyes de difamación penal; la violencia contra las mujeres; y el uso del trabajo infantil.

Khalfan v kichwa

1.El Gobierno del Ecuador se complace en presentar al Comité de Derechos Humanos sus informes periódicos quinto y sexto combinados, sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los mismos abarcan los períodos 1996-2001 y 2001-2006, de conformidad con la solicitud expresa del Estado parte al Comité en febrero de 2006, la cual fue debidamente aceptada por el Comité, realizándose ambos procedimientos a través de la Misión del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra.
2.Los informes tienen en cuenta todas las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité al examinar el Cuarto Informe Periódico del Ecuador, el 14 de julio de 1998, y que figuran en el documento número CCPR/C/79/Add.92 de 18 de agosto de 1998.
3.Los informes combinados fueron elaborados con la activa participación y aportes de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Grupo de Trabajo de Derechos Civiles y Políticos, constituido en el año 2002 en el marco de la Comisión Interministerial de Coordinación Pública de Derechos Humanos para el cumplimiento de las obligaciones del Estado parte en materia de derechos humanos.

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