Juzgados de pichincha consulta de causas

Juzgados de pichincha consulta de causas

Comunidad indígena yakye axa c. paraguay

Dado que las posiciones de las Partes con respecto a la jurisdicción del Tribunal pueden ser relevantes para comprender plenamente la fase de fondo del procedimiento, el Tribunal reitera en las siguientes secciones su resumen de las cuestiones y argumentos sobre jurisdicción de su Laudo Provisional del 1 de diciembre de 2008 (Laudo Provisional, ¶¶38-42, 75-91).
La primera serie de cuestiones se refiere al efecto preclusivo, en su caso, que las declaraciones o la conducta de las Demandantes antes del inicio del arbitraje deberían tener sobre su capacidad para proseguir con la presente reclamación (véase el Laudo provisional, ¶¶125-149).
La segunda serie de cuestiones se refiere a si las reclamaciones contractuales de las Demandantes en los juicios en los tribunales ecuatorianos califican como una inversión o parte de una inversión en virtud del TBI (véase el Laudo provisional, ¶¶150-195). Alternativamente, la cuestión se refiere a si las reclamaciones surgen de o se relacionan con “acuerdos de inversión” en virtud del TBI (véase el laudo provisional, ¶¶196-213).
La tercera serie de cuestiones se refiere a si las Demandantes deben agotar los recursos locales para cumplir con los requisitos de sus reclamaciones por denegación de justicia y otras violaciones del TBI y, en caso afirmativo, si de hecho han agotado todos los recursos locales requeridos (véase el Laudo provisional, ¶¶214-238).

Caso del pueblo saramaka contra surinam 28 de noviembre de 2007

La Corte Constitucional de Ecuador declaró la inconstitucionalidad del Acuerdo 080, emitido por el Ministerio del Ambiente, mediante el cual se delimitaron 104.238 hectáreas del Triángulo de Cuembí, en Sucumbíos, como Bosque y Vegetación Protegida.
La Corte adoptó la decisión al considerar que el Acuerdo violaba los derechos constitucionales de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de la adopción de cualquier medida normativa; a no realizar actividades militares en sus territorios sin su consentimiento; y a la posesión de sus tierras ancestrales.
El Acuerdo Ministerial, firmado en 2010, declaró el Triángulo de Cuembí, en el cantón Putumayo, frontera con Colombia, como Bosque Protector, sin haber realizado previamente un proceso de consulta previa, a pesar de ser un sitio considerado ancestral por las comunidades indígenas Kichwas y Siona.
Esta sentencia declara la inconstitucionalidad del Acuerdo 080 del Ministerio del Ambiente, emitido el 13 de mayo de 2010, con el cual se declararon las 104.238 hectáreas de esta zona como Bosque y Vegetación Protectora, sin el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona y poniendo en grave riesgo su supervivencia por la ruptura de las actividades tradicionales de estas comunidades.

Los pueblos kaliña y lokono contra surinam

La declaración de Guerra, que está corroborada por registros informáticos, bancarios y de envíos, así como por los propios correos electrónicos internos de los abogados de los demandantes, ofrece un relato directo de la corrupción que ha empañado el juicio durante años.    Guerra describe múltiples reuniones con los abogados y representantes de los demandantes -en concreto, Steven Donziger, Pablo Fajardo y Luis Yanza, con sede en Nueva York- para hablar de pagos, sobornos y la redacción de órdenes judiciales favorables a los demandantes.    Guerra da fe:
El relato de Guerra está corroborado por pruebas documentales contemporáneas.    Por ejemplo, su computadora contiene borradores de numerosas órdenes judiciales que Zambrano emitió, incluso en el caso de Lago Agrio.    Y sus registros bancarios (aquí, aquí, aquí y aquí) documentan los pagos que le hizo un representante de los demandantes.    Los registros de envíos y la agenda de Guerra corroboran aún más su testimonio.
Los correos electrónicos contemporáneos entre los abogados y los representantes de los demandantes, producidos a través de una orden judicial de descubrimiento en los Estados Unidos, también corroboran la declaración de Guerra.    Cuando otro juez tuvo que recusarse del caso en medio de un escándalo de solicitud de sobornos y Zambrano se disponía a volver a presidirlo, los abogados de los demandantes identificaron a “Guerra” por su nombre como posible objetivo para influir en la resolución final del caso.    Los abogados de los demandantes incluso asignaron nombres en clave a Zambrano y Guerra, refiriéndose a ellos como el “titiritero” y la “marioneta”.    El 27 de octubre de 2009, Fajardo envió a Donziger y Yanza un correo electrónico en el que decía: “El titiritero no moverá su marioneta hasta que el público no [sic] le pague algo”.    El 27 de noviembre de 2009, Yanza envió a Donziger un correo electrónico en el que le advertía del aumento de los costes por el pago al “titiritero”.

Khalfan v kichwa

Carmigniani Pérez Abogados destaca por su sólida trayectoria en arbitrajes de construcción, infraestructuras e inversiones, y también está bien versado en litigios relacionados con el arbitraje, y en disputas derivadas de transacciones transfronterizas. Los litigios comerciales y bancarios también forman parte de la carga de trabajo del equipo.  Eduardo Carmigniani, en Guayaquil, tiene una larga experiencia como asesor de empresas nacionales e internacionales en disputas, y también actúa como árbitro.  La práctica de Hugo García Larriva es igualmente amplia; ambos dirigen conjuntamente el equipo.  Roberto Carmigniani fue nombrado socio a principios de 2020. Desde su publicación, el bufete ha contratado como socio al ex consejero internacional de Dechert LLP, Álvaro Galindo (a partir de enero de 2021).Responsables de la práctica:Eduardo Carmigniani; Hugo García LarrivaLas referencias’El bufete tiene un sentido muy fuerte de cercanía y compromiso con el cliente’.
Coronel & Pérez es una opción popular para las empresas nacionales y extranjeras en el arbitraje internacional y de inversión, así como en los procedimientos de litigio ante una variedad de tribunales. El equipo tiene experiencia en disputas contra el gobierno y entidades gubernamentales.  César Coronel Ortega es un profesional experimentado, que tiene conocimientos particulares en las áreas de productos de consumo, energía y clientes privados, mientras que Hernán Pérez Loose en Guayaquil tiene una notable experiencia en derecho civil, administrativo y constitucional.  También destacan Jorge Sicouret Lynch y Boanerges Rodríguez Freire.Responsables de la práctica:César Coronel Jones; Hernán Pérez LooseLes références’Es un bufete maravilloso, muy sofisticado y competente’.

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